Jesús Silva R.
Publicado en semanario La Razón (17 al 24 de febrero 2013)
La reciente discusión vía twitter entre un neochavista animador de
tv y un poco tolerante escritor de telenovelas picantes le ha dado notoriedad
al polémico tema que es vulgarmente conocido como “operación colchón”. No se trata de acoso sexual (persecución), sino de acuerdo sexual (propuesta de dando y dando). Se le debe interpretar como abuso de poder en el trabajo o en el aula
de clase, y al mismo tiempo una conducta cruel que debe ser castigada por la
ley.
Es condenable (al menos hoy moralmente y ojalá que en un futuro lo sea
penalmente) el “cobro de impuesto sexual” (propuesta indecente) a las mujeres
bajo el ofrecimiento de recompensas en dinero, beneficios laborales o en
especie (incluyendo profesores que ponen esta “condición tributaria” para
regalarle nota aprobatoria a las alumnas deficientes que están reprobadas ya que
todo ello pervierte y prostituye a la sociedad.
Muchos criticarán mi postura radicalmente feminista que se
parcializa por quienes teóricamente son débiles jurídicos y socialmente vulnerables.
Tal vez opinarán conservadoramente que si la dama mayor de edad acepta la
transacción (intercambio) es porque quiere hacerlo o le gusta el negocio planteado, que su
consentimiento equivale a la cultura de vagabundería o el libre ejercicio de la
sexualidad femenina en una sociedad moderna que debe respetarle a las mujeres
la misma promiscuidad que se le apoya a los hombres. Que de alguna manera Dios
le concedió ese “recurso natural” a las mujeres para defenderse (y ascender) en
la sociedad de cualquier época. Que eso forma parte de su vida privada así como
de su derecho a gobernar sobre su propio cuerpo. Pero a mi entender, quizás el
asunto no es tan simple.
Imaginemos por un instante si buena parte de los sitios de trabajo
o instituciones educativas estuvieran bajo el dominio por hombres chantajistas que reclaman servicios sexuales y que prácticamente cualquier
mujer atractiva siempre encontrará en el camino de su vida laboral o
estudiantil a uno de estos insensatos abusadores. Surge entonces la encrucijada
entre la urgente necesidad cuidar el empleo y ganar un salario para sobrevivir,
el sueño de llegar a graduarse (conquistar una profesión para vivir de ella y
como dicen por ahí “ser alguien” el día de mañana); o por el contrario
preservar el honor en su entera dimensión y rechazar cualquier forma de
chantaje o cobro indecente por muy secreta o discreta que sea esta operación
entre dos.
Si bien el honor propio es un bien jurídico fundamental e
innegociable que cada persona debe defender para sí; también es
constitucionalmente exigible al Estado, al sistema de justicia, a las
instituciones públicas y privadas, al igual que a la sociedad organizada que no
permanezcan indiferentes ante un mal que carcome la dignidad de nuestra
sociedad. Mal pueden quedar indefensas estas mujeres chantajeadas porque parte primordial
de la salud, el equilibrio y el orden de la sociedad supone combatir a estos expertos
negociadores del sexo, detectar su conducta ventajista, destituirlos de sus
cargos y sancionarlos penalmente, siempre que hubiere pruebas suficientes de
sus actos criminosos.
En este mismo contexto están exceptuados de cualquier reproche a
su conducta quienes libre y voluntariamente deciden formar pareja estable o
casarse al margen de cualquier chantaje o transacción, pues no hay norma ética
o jurídica que establezca impedimento para la relación afectiva de un hombre y
una mujer que se hayan encontrado o conocido inicialmente en espacios laborales
o académicos, siempre y cuando su vida privada no se mezcle con sus actividades
de trabajo o estudio.
No menos importante es penalizar los casos de simulación de hecho
punible donde quien se presenta como mujer víctima es en realidad quien comete
la extorsión y amenaza a su patrono o profesor con generarle falsamente un
escándalo sexual (acoso fabricado) sino se le satisface su interés (de ser
contratada o ascendida en un empleo, o fraudulentamente aprobada en una materia
universitaria). De un examen equilibrado y profundo de cada caso (sin
prejuicios de ningún tipo), depende hacer verdadera justicia y que no se
promueva más delincuencia, calumnias ni denuncias falsas.
Es inaceptable que estos adictos sexuales, sean hombres o mujeres
(porque casos de agresión femenina también existen) jueguen con la comida (el
pan y el trabajo) de las personas más humildes de nuestro pueblo; así como
el desarrollo de su carrera estudiantil, universitaria o profesional. Es tiempo
que la Asamblea Nacional legisle contra conductas que se inscriben en acoso
moral (mobbing) a fin de una protección más efectiva de los derechos humanos.
